News

Ley de Inversión Extranjera: nuevo escrutinio de seguridad nacional

Carlos Valderrama
noviembre 19, 2026
Ilustración de portada de un análisis del escrutinio de seguridad nacional en la Ley de Inversión Extranjera de México
  • El decreto se publicó en el DOF el 19 de noviembre de 2026 (edición matutina) y está en vigor desde el 20 de noviembre de 2026. Reforma los artículos 23, 27, 28, 29 y 38, deroga el artículo 30 y adiciona el Título Sexto Bis (artículos 30 Bis a 30 Sexies).
  • El artículo 30 Bis exige resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras cuando se reúnen tres condiciones: participación extranjera, directa o indirecta, superior al 49%; activos totales por encima de un umbral; y una actividad de la lista (infraestructuras estratégicas, incluido el tratamiento de datos y los sistemas digitales; tecnologías críticas, incluidas la inteligencia artificial y la ciberseguridad; insumos fundamentales; acceso a información sensible, incluidos datos personales; y actividades análogas).
  • El umbral de activos todavía no se fija: la Comisión tiene 180 días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación, para publicarlo (artículo segundo transitorio). Por debajo del umbral, la solicitud es voluntaria.
  • La Comisión tiene 45 días hábiles para resolver (artículo 30 Quater) y la afirmativa ficta no aplica en asuntos de seguridad nacional (artículo 28); conforme a la ley supletoria de procedimiento administrativo, el silencio se leería como negativa. Puede declarar viable la adquisición, sujetarla a medidas de mitigación a cargo de las partes o impedirla (artículo 30 Quinquies).
  • Transmitir las acciones sin resolución favorable, o incumplir las acciones de mitigación, tiene multa de 5,000 a 200,000 veces el valor diario de la UMA, y la Comisión puede ordenar la desinversión en 90 días hábiles, prorrogables por un periodo igual (artículo 38).
  • El decreto no nombra a las fintech ni a los pagos. Que una empresa esté cubierta depende de sus actividades, de la participación extranjera y de un umbral que sigue pendiente.

Publicado el 19 de noviembre de 2026. Actualizado el mismo día: agrega qué cambió entre la iniciativa y el texto publicado, cómo se cuenta el 49%, el efecto del silencio de la Comisión y el detalle de las sanciones.

El 19 de noviembre de 2026, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), edición matutina, el decreto que reforma la Ley de Inversión Extranjera y le adiciona un título sobre seguridad nacional en las inversiones extranjeras. Está en vigor desde el 20 de noviembre de 2026.1 Con el nuevo texto, la inversión extranjera que pretenda más del 49% de una sociedad mexicana necesita resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (la Comisión) cuando la sociedad rebase un umbral de activos y opere en actividades listadas. Ese umbral todavía no se fija. La reforma importa a fundadores, directores jurídicos, directores de finanzas e inversionistas extranjeros en empresas que tratan datos, operan sistemas digitales o trabajan con inteligencia artificial, porque esas actividades aparecen por nombre en la lista.

¿Qué cambió en la Ley de Inversión Extranjera y cuándo entra en vigor?

El Congreso aprobó el decreto el 27 de octubre de 2026 y el Ejecutivo Federal lo promulgó el 13 de noviembre de 2026. Su artículo primero transitorio fija la entrada en vigor para el día siguiente al de su publicación en el DOF, es decir, el 20 de noviembre de 2026. El decreto reforma los artículos 23, 27, 28, 29 y 38, deroga el artículo 30 y adiciona un Título Sexto Bis (artículos 30 Bis a 30 Sexies), "De la seguridad nacional en las inversiones extranjeras".1

Antes de la reforma, la Ley tenía dos filtros por encima del 49%. El artículo 8 exigía resolución favorable de la Comisión en una lista corta de actividades, entre ellas servicios portuarios, sociedades navieras, administración de aeródromos, educación privada, servicios legales y ferrocarriles. El artículo 9 la exigía para cualquier sociedad mexicana en la que la inversión extranjera pretendiera participar, directa o indirectamente, en más del 49% del capital social, únicamente cuando el valor total de sus activos rebasara el monto que la Comisión determina cada año.2 El decreto no modifica ninguno de los dos artículos.

La seguridad nacional cabía en una sola oración. El artículo 30, hoy derogado, decía: "Por razones de seguridad nacional, la Comisión podrá impedir las adquisiciones por parte de la inversión extranjera". No listaba actividades, no fijaba un procedimiento propio y no tenía una sanción específica. El artículo 29 preveía cuatro criterios para las resoluciones de la Comisión: empleo y capacitación, contribución tecnológica, cumplimiento ambiental y competitividad.3

La reforma sustituye esa oración por un régimen completo. Con el artículo 30 derogado, la Ley ya no tiene una facultad general para impedir adquisiciones por seguridad nacional fuera del Título Sexto Bis. El artículo 29 tiene ahora un quinto criterio: la existencia de riesgos o amenazas a la seguridad nacional en los asuntos del Título Sexto Bis.4 El artículo 23 lleva la Comisión de 10 a 14 integrantes, todos con voto: suma a las personas titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana, y de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Cuando la sesión trate asuntos de seguridad nacional, las personas titulares de la Fiscalía General de la República, del Centro Nacional de Inteligencia, del Servicio de Administración Tributaria y de la Unidad de Inteligencia Financiera asisten como invitadas permanentes, con voz, pero sin voto. Entre las atribuciones del Secretario Ejecutivo de la Comisión, el artículo 27 suma un informe semestral al Congreso sobre la gestión de la Comisión en materia de seguridad nacional, y comparecer ante las comisiones competentes que lo convoquen. El informe estadístico cuatrimestral sobre la inversión extranjera ya existía.3, 5

Ni el decreto ni la Ley definen la seguridad nacional. La Ley de Seguridad Nacional la define, para efectos de esa ley, como las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano.6

¿Qué cambió entre la iniciativa y el texto publicado?

La iniciativa del Ejecutivo Federal es del 28 de agosto de 2026 y llegó a la Comisión Permanente del Congreso el 30 de agosto de 2026. Las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado emitieron su dictamen el 29 de septiembre de 2026, con cambios que están en el decreto publicado.7

La iniciativa daba a la Comisión 60 días hábiles para resolver. Las comisiones redujeron el plazo a 45 días hábiles, eliminaron las disposiciones sobre requerimientos de información y suspensión del plazo, y remitieron a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para lo no previsto en la Ley y su Reglamento. También agregaron a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones a la Comisión, la facultad de ordenar la desinversión con sus 90 días hábiles y el artículo cuarto transitorio sobre asuntos en trámite.7

Esto importa al leer análisis escritos sobre la iniciativa. Varios describen un plazo de 60 días hábiles, un requerimiento de información que lo suspende, una prórroga y una negativa ficta expresa. Ninguno de los cuatro está en el texto publicado; el efecto del silencio de la Comisión descansa ahora en la ley supletoria, como se explica más adelante.8

¿Qué empresas y operaciones necesitan una resolución de seguridad nacional?

El artículo 30 Bis exige resolución favorable de la Comisión cuando se reúnen tres condiciones.9

Primera, que la inversión extranjera participe, directa o indirectamente, en más del 49% del capital social de una sociedad mexicana. Como el texto cuenta la participación indirecta, tener la participación a través de sociedades intermedias no saca, por sí solo, a una operación de la regla.

Segunda, que el valor total de los activos de la sociedad, al momento de someter la solicitud de adquisición, rebase el monto que determine la Comisión mediante resolución general.

Tercera, que la actividad de la sociedad esté en uno de cinco grupos: infraestructuras estratégicas, físicas o virtuales, que nombra, entre otras, energía, transporte, salud, comunicaciones, tratamiento o almacenamiento de datos y sistemas digitales; tecnologías críticas y productos de doble uso, que incluyen inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías aeroespaciales, de defensa, de almacenamiento de energía, cuántica y nuclear, nanotecnologías y biotecnologías; insumos fundamentales, como energía, materias primas y seguridad alimentaria; el acceso a información sensible, en particular datos personales, o la capacidad de controlarla; y las actividades o sectores análogos que determine la Comisión mediante resolución general.10

El último párrafo del artículo 30 Bis agrega que, cuando el valor total de los activos no supere el umbral, pero la participación que se pretenda sea superior al 49%, la presentación de la solicitud ante la Comisión será voluntaria.11 El decreto no da a la Comisión una facultad para revisar de oficio operaciones que no se le presentaron. Tampoco distingue entre solicitudes voluntarias y obligatorias al listar los sentidos de la resolución, por lo que una solicitud voluntaria podría terminar en condiciones o en una negativa.12

Cuatro reglas de la Ley que el decreto no modifica inciden en cómo se cuenta el 49%, y el decreto no dice cómo se relacionan con el Título Sexto Bis.13 Conforme al artículo 2, es inversión extranjera la que realizan sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero, por lo que una subsidiaria mexicana de un grupo extranjero que compra otra sociedad mexicana podría caer en el artículo 30 Bis. Conforme al artículo 3, la inversión de extranjeros con condición de residente permanente se equipara a la mexicana, salvo en las actividades de los Títulos Primero y Segundo; el Título Sexto Bis no está entre las excepciones. Conforme al artículo 4, no se computa la inversión extranjera indirecta realizada a través de sociedades mexicanas con mayoría de capital mexicano que no estén controladas por la inversión extranjera, en actividades sujetas a límites máximos. Conforme al artículo 18, la inversión neutra no se computa para determinar el porcentaje de inversión extranjera. Queda abierto si las dos últimas aplican al 49% del artículo 30 Bis.

El decreto no dice si el umbral del artículo 30 Bis será el mismo que el monto anual del artículo 9. Cada uno se fija con su propio instrumento, y los dos artículos están vigentes en paralelo. Como referencia, el monto del artículo 9 es de $28,623,925,390.72 pesos, fijado por la resolución general publicada en el DOF el 5 de agosto de 2025, que aplica hasta que se emita una nueva.14

¿Por qué alcanza a empresas de fintech, pagos, datos e inteligencia artificial?

El decreto no menciona a las fintech, los pagos ni las entidades financieras. Su alcance viene de la redacción del artículo 30 Bis. La fracción I cuenta el tratamiento o almacenamiento de datos y los sistemas digitales entre las infraestructuras estratégicas. La fracción II nombra la inteligencia artificial y la ciberseguridad. La fracción IV cubre "el acceso a información sensible, en particular, datos personales, o la capacidad de controlar dicha información".10

Una empresa de pagos, una financiera o una billetera electrónica tiene datos personales de sus usuarios y opera sobre sistemas digitales. Una empresa que construye modelos de inteligencia artificial trabaja con una tecnología que la fracción II nombra. Por eso el nuevo título podría alcanzarlas cuando la inversión extranjera pretenda más del 49%.

Lo que el texto no define pesa igual. No dice qué es "información sensible", ni si el término coincide con los datos personales sensibles de la legislación de protección de datos. No dice si la fracción I cubre a cualquier empresa que trata datos o solo a las que operan infraestructura de cierta escala. No distingue entre desarrollar inteligencia artificial y usarla. Y el umbral de activos, que dejará fuera a una parte del mercado, todavía no existe. Hoy no se puede afirmar que un tipo de empresa esté cubierto. Sí se puede afirmar que estas actividades están en el texto, y que una empresa que las realiza y prevé inversión extranjera por encima del 49% tiene que hacer el análisis.

¿Cómo funciona el procedimiento?

Conforme al artículo 30 Ter, la solicitud se presenta ante la Secretaría Técnica de la Comisión, de manera conjunta por la sociedad mexicana y el inversionista extranjero. Conforme al artículo 30 Quater, la Comisión debe resolver dentro de 45 días hábiles contados desde la presentación, en los términos del Reglamento de la Ley, y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo aplica a falta de disposición expresa.8 Cuarenta y cinco días hábiles son al menos nueve semanas naturales.

El artículo 28 reformado conserva la afirmativa ficta para las solicitudes ordinarias: si la Comisión no resuelve en el plazo, la solicitud se considera aprobada en los términos presentados. Enseguida aclara que esa regla no aplica a los asuntos de seguridad nacional, que se rigen por el Título Sexto Bis.8 El decreto no dice qué ocurre si los 45 días hábiles transcurren sin resolución en un asunto de seguridad nacional. El artículo 30 Quater remite a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuyo artículo 17 dispone que, transcurrido el plazo aplicable, las resoluciones se entienden en sentido negativo al promovente, a menos que otra disposición de carácter general prevea lo contrario.15 Leídos en conjunto, el silencio de la Comisión operaría como negativa, aunque el decreto no lo dice de forma expresa.

En asuntos ordinarios la Comisión decide por mayoría de votos y su presidente, el Secretario de Economía, tiene voto de calidad en caso de empate.3 Conforme al artículo 30 Sexies, en asuntos de seguridad nacional las personas integrantes no pueden abstenerse, y los acuerdos se toman por mayoría de las personas integrantes de la Comisión. Conforme al artículo 30 Quinquies, la Comisión resuelve en uno de tres sentidos: determina que no hay riesgos o amenazas a la seguridad nacional y declara viable la adquisición; sujeta la adquisición a la modificación del proyecto para mitigar el riesgo, a cargo de las partes; o impide la adquisición por seguridad nacional. En los dos primeros casos, la resolución incluye términos y condiciones específicos, que pueden implicar reportes periódicos a cargo de las partes y la evaluación del cumplimiento del orden jurídico nacional.12 El último párrafo del artículo 29, que sigue vigente, dice que al resolver una solicitud la Comisión solo puede imponer requisitos que no distorsionen el comercio internacional.3

El decreto no se refiere al control de concentraciones ni a las autorizaciones de las autoridades financieras. Cuando una operación también los necesite, se trata de procedimientos distintos que habría que coordinar.

¿Qué consecuencias tiene cerrar sin la resolución?

El artículo 38, fracción VI, prevé multa de 5,000 a 200,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) cuando la sociedad mexicana transmita la participación accionaria al inversionista extranjero a pesar de que la Comisión haya negado la autorización, o sin haber obtenido antes una resolución favorable. La fracción VII fija el mismo rango por incumplir las acciones de mitigación del riesgo dispuestas por la Comisión. La fracción VI está escrita para la sociedad mexicana que transmite las acciones; no describe una venta entre accionistas, en la que la sociedad no transmite nada. El Título Sexto Bis no tiene una multa de ese tamaño dirigida al inversionista extranjero por cerrar sin la resolución: la fracción I, de 1,000 a 5,000 veces la UMA, quedó limitada a los artículos 8 y 9, y lo que queda es la multa residual de la fracción VIII, de 100 a 1,000 veces la UMA.16 Con la UMA diaria de 2026, de $117.31 pesos, el rango de las fracciones VI y VII va de $586,550 a $23,462,000 pesos; la UMA se actualiza cada año.17

Además de las multas, la Comisión puede determinar la desinversión, sometida al procedimiento que se determine. La Comisión otorgará 90 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de la sanción y prorrogables por un periodo igual, para que la persona inversionista extranjera desincorpore los activos adquiridos.16 Leído literalmente, el nuevo párrafo se refiere a las sanciones de toda la lista del artículo 38, no solo a las fracciones VI y VII, y habla de desincorporar "los activos adquiridos a una empresa", no acciones.

Los párrafos del artículo 38 que siguen vigentes exigen oír antes al interesado y graduar la multa según la naturaleza y gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, el tiempo que tomó regularizarse y el valor total de la operación. La Secretaría de Economía impone las sanciones, y estas aplican sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal.3

El decreto no modifica el artículo 37. Conforme a él, la Secretaría de Economía puede revocar las autorizaciones cuando se realicen actos en contravención a la Ley, y los actos, convenios o pactos sociales y estatutarios que la Secretaría declare nulos por ser contrarios a la Ley no surten efectos entre las partes ni se pueden hacer valer ante terceros. Conforme al artículo 39, los fedatarios públicos deben agregar a sus instrumentos las autorizaciones que exige la Ley, lo que lleva la resolución a la mecánica del cierre.3

¿Qué sigue sin definirse y qué hay que vigilar?

El umbral de activos. Conforme al artículo segundo transitorio, la Comisión debe emitirlo y publicarlo en el DOF en un plazo no mayor a 180 días naturales, contado a partir del día siguiente al de la publicación del decreto.18 Mientras tanto, una de las tres condiciones de la solicitud obligatoria no tiene cifra, y el decreto no dice cómo se tratarán las operaciones que cierren en ese periodo.

El alcance de la lista. Las actividades análogas de la fracción V dependen de una resolución general, y los términos "información sensible" y "capacidad de controlar" no tienen definición en el decreto.

El procedimiento. Los artículos 30 Ter y 30 Quater remiten al Reglamento de la Ley, y el decreto no fija plazo para reformarlo. También queda abierto el procedimiento de desinversión, y el efecto del silencio de la Comisión descansa en la ley supletoria, no en una regla expresa.

Las participaciones existentes. El decreto no trata a las sociedades en las que la inversión extranjera ya supera el 49%, ni las transmisiones entre inversionistas extranjeros. El artículo 30 Bis está escrito en torno a una solicitud de adquisición; cómo aplica a esos casos queda abierto.

Los asuntos en trámite. Conforme al artículo cuarto transitorio, los asuntos que estaban en trámite antes de la entrada en vigor del decreto se atienden conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación.19 El texto se refiere a asuntos ya presentados; no describe las operaciones firmadas que no se habían presentado.

¿Qué puedes hacer ahora?

  • Mapea la participación extranjera, directa e indirecta, e identifica cualquier operación, ronda de inversión o reestructura que la lleve por encima del 49%.
  • Clasifica las actividades de la sociedad frente a las fracciones I a V del artículo 30 Bis y deja por escrito el razonamiento.
  • En operaciones en curso, considera una condición suspensiva ligada a la resolución y una fecha límite de cierre que contemple los 45 días hábiles, sin afirmativa ficta.
  • En los documentos de la operación, considera obligaciones de cooperación para la solicitud conjunta, con reglas de confidencialidad para la información sensible; quién acepta y paga las medidas de mitigación; quién absorbe una multa; y compromisos de financiamiento que no obliguen a cerrar antes de la resolución.
  • Revisa si alguna solicitud se presentó ante la Comisión antes del 20 de noviembre de 2026, por el artículo cuarto transitorio.
  • Sigue en el DOF la resolución del umbral, las actividades análogas y cualquier cambio al Reglamento.
  • Si la sociedad pudiera quedar por debajo del umbral, valora la solicitud voluntaria cuando se conozca la cifra, considerando que la Comisión podría condicionar o negar una operación presentada voluntariamente.

Preguntas frecuentes

¿Ya está en vigor la reforma a la Ley de Inversión Extranjera?

Se publicó en el DOF el 19 de noviembre de 2026, en la edición matutina, y está en vigor desde el 20 de noviembre de 2026, al día siguiente de su publicación. El umbral de activos que completa el artículo 30 Bis debe publicarse en un plazo no mayor a 180 días naturales.1, 18

¿Una inversión minoritaria necesita la resolución de seguridad nacional?

El artículo 30 Bis aplica cuando la inversión extranjera participa, directa o indirectamente, en más del 49% del capital social. Una participación igual o menor queda fuera del Título Sexto Bis. Las demás reglas de la Ley, como las actividades reservadas y los límites específicos, siguen aplicando.9

¿Qué pasa si la Comisión no resuelve en 45 días hábiles?

En asuntos de seguridad nacional no hay afirmativa ficta: el artículo 28 reformado los excluye de esa regla. El decreto no prevé otra consecuencia. Conforme al artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que aplica a falta de disposición expresa en la Ley y su Reglamento, la solicitud no resuelta en plazo se entiende negada, salvo que otra disposición prevea lo contrario.8, 15

¿Es lo mismo que la resolución del artículo 9?

No. El artículo 9 no se reformó y sigue aplicando por encima del 49% cuando los activos totales rebasan el monto que la Comisión determina cada año, sin importar la actividad. El Título Sexto Bis agrega las actividades listadas, un procedimiento propio, el criterio de seguridad nacional y sanciones específicas.2, 9

¿Están cubiertas las fintech y las empresas de pagos?

El decreto no las nombra. Que una empresa esté cubierta depende de sus actividades frente a las fracciones I a V del artículo 30 Bis, de la participación extranjera y del umbral de activos, que sigue pendiente. El tratamiento de datos, los sistemas digitales y los datos personales están en la lista, por lo que el análisis es necesario.10

Dónde encontrar el análisis para tu caso

En una llamada de 45 minutos con Carlos Valderrama revisamos qué significa la reforma para tu estructura accionaria o tu operación: las actividades que podrían caer en el artículo 30 Bis, el calendario y los puntos que siguen abiertos. Agenda la llamada →

Información general, no asesoría individual. El alcance regulatorio para cada empresa requiere analizar sus actividades y circunstancias.

Notas de fuentes

1 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, DOF 19 de noviembre de 2026 (edición matutina, sección única), artículo único y artículo primero transitorio. Aprobado por el Congreso el 27 de octubre de 2026; promulgado el 13 de noviembre de 2026.

2 Cámara de Diputados, Ley de Inversión Extranjera, texto vigente (última reforma DOF 27 de mayo de 2024), arts. 8 y 9, consultado el 19 de noviembre de 2026.

3 Ley de Inversión Extranjera, texto vigente antes del decreto (última reforma DOF 27 de mayo de 2024), arts. 23, 24, 27, 28, 29, 30, 37, 38 y 39.

4 Decreto, art. 29, fracción V.

5 Decreto, DOF 19 de noviembre de 2026, arts. 23 y 27, fracciones IV y V.

6 Cámara de Diputados, Ley de Seguridad Nacional, art. 3.

7 Senado de la República, Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, Primera, dictamen del decreto que reforma la Ley de Inversión Extranjera, 29 de septiembre de 2026: antecedentes de la iniciativa y cambios de las comisiones.

8 Decreto, arts. 28, 30 Ter y 30 Quater.

9 Decreto, art. 30 Bis, primer párrafo.

10 Decreto, art. 30 Bis, fracciones I a V.

11 Decreto, art. 30 Bis, último párrafo.

12 Decreto, arts. 30 Quinquies y 30 Sexies.

13 Ley de Inversión Extranjera, art. 2, fracción II, inciso b); art. 3; art. 4, tercer párrafo; y art. 18.

14 Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, Resolución General por la que se determina el monto del valor total de los activos a que hace referencia el artículo 9o. de la Ley de Inversión Extranjera, DOF 5 de agosto de 2025.

15 Cámara de Diputados, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, art. 17 (última reforma DOF 14 de noviembre de 2025).

16 Decreto, art. 38, fracciones I, VI, VII y VIII, y párrafos segundo y tercero.

17 INEGI, comunicado de prensa 1/26, 8 de enero de 2026: valores de la UMA vigentes a partir del 1 de febrero de 2026. Las cifras en pesos son cálculo propio.

18 Decreto, artículo segundo transitorio.

19 Decreto, artículo cuarto transitorio.

Agenda una llamada de 45 minutos →